Sobre la declaratoria, el Gobierno de España precisó que “no es solo un tratado de derecho penal”.

El Gobierno de España formalizó este viernes la decisión de intervenir en el procedimiento de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) iniciado por Sudáfrica por la agresión de las fuerzas israelíes contra Palestina, que constituiría un posible genocidio.

España invocó el artículo 63 del Estatuto de la Corte para solicitar intervenir en el caso iniciado por Sudáfrica el pasado 29 de diciembre con denuncias sobre las violaciones de Israel contra Palestina y el asedio en la Franja de Gaza.

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Sobre la declaratoria, el Gobierno de España precisó que “no es solo un tratado de derecho penal”. De igual manera, alegó que “contiene elementos claramente vinculados a la protección y salvaguardia de valores y principios fundamentales del derecho internacional, incluyendo la protección de la dignidad humana y el principio de responsabilidad, e impone obligaciones sustantivas”.

El ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Albares, alegó el pasado 6 de junio cuando hicieron el anuncio que se suman para que “la paz regrese a Gaza y Oriente Medio y es imprescindible que todos apoyemos al Tribunal, que se respeten sus medidas cautelares”.

“El objetivo es poner fin a la guerra y empezar a avanzar en la aplicación de los dos Estados, que es la única garantía para que los palestinos e israelíes puedan convivir en paz y seguridad, y se logre la estabilidad en toda la región”, acotó.

El artículo 63 del Estatuto permite formar parte de un proceso a otros países “siempre que se trate de la interpretación de una convención en la que sean partes Estados distintos de los interesados”.

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